Las y los diputados de la LV Legislatura aprobaron un punto de acuerdo presentado por la diputada Veronica Anrubio Kempis, por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, a dar atención inmediata y concretar una solución con los agraviados de las comunidades y ejidos morelenses, referente a la ya construida “Autopista Siglo XXI Puebla-Autopista del Sol, tramo Jantetelco-Xicatlacotla”.
El acuerdo fue propuesto por la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Morelos y presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la sesión ordinaria de Pleno celebrada este martes, en la que relató el conflicto por las tierras, derivado de la expropiación de más de 21 mil metros cuadrados ubicados en Ayala desde 2017, para la construcción de la Autopista Siglo XXI, tramo Jantetelco-El Higuerón (Xicatlacotla).
“Se tiene conocimiento que anterior a la fecha del decreto expropiatorio, se iniciaron otras formas para adquirir la propiedad de diversos predios, sin que exista la certeza de la conclusión o cumplimiento de dichos actos jurídicos”, precisó la legisladora al comentar que en fechas recientes este conflicto ha derivado en protestas públicas de comuneros y ejidatarios de Tlatenchi, Progreso, 7 de marzo, Moyotepec, Salitre y Huitzililla, pertenecientes a los municipios citados.
Refirió que luego de casi dos lustros e igual número de administraciones federales de distintos partidos políticos no se les han pagado los precios justos, y en semanas pasadas, los afectados de diversos ejidos buscaron acercamiento con esta soberanía, a través de la proponente, para lograr reuniones que dieran solución a sus demandas.
Anrubio Kempis solicitó por oficio la intervención de la SICT, pero el representante en Morelos fue omiso en girar instrucciones al área respectiva, argumentando que diversa área (Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría) sería la encargada de solventar dicha solicitud, por lo que al no verse reflejada la voluntad institucional federal para remediar este conflicto social, propone el exhorto, con el ánimo de elevar políticamente el impulso para que se brinden las respuestas jurídicas que den certeza a la sociedad.
“Al resultar evidente la existencia de un conflicto social entre las comunidades mencionadas y el gobierno federal, esta soberanía busca se puedan solventar las dudas existentes entre los pobladores y la federación, para llegar a soluciones justas, ya que, ante las recientes manifestaciones de los agraviados en las autopistas del estado, impera la necesidad de escalar el grado de apoyo institucional”, finalizó.
