El Congreso del estado a través del presidente de la Mesa Directiva Francisco Erik Sánchez Zavala, el presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) Alejandro Martínez Bermúdez y la diputada Erika Hernández Gordillo, recibió este día el Informe Anual de Actividades 2022-2023 del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), de manos de la magistrada presidenta Adriana Pineda Fernández.
Tras recibir el documento, que fue entregado en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Orgánica del TUJPA y el artículo 19, inciso d) párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Morelos, el diputado Sánchez Zavala ofreció el respaldo del Congreso en su último año legislativo, para sentar las bases y fortalecer “al Tribunal Unitario que usted preside y que sabemos que está muy bien representado, con el propósito de que haya un buen resultado para los jóvenes, para los niños, porque es un tema de justicia especial”.
En el evento, la magistrada Pineda Fernández encomió el esfuerzo de su equipo de trabajo y expuso que ha sido un gran reto responder al apoyo y la confianza otorgada por las y los diputados de la LV Legislatura “para lograr los fines del sistema y volver a posicionar al Tribunal como un referente internacional que lo caracteriza por la autonomía que tiene y por ese trabajo que puede realizar de manera independiente con un sistema diferenciado del de adultos”.
El Informe comprende del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023 y recapitula las tareas emprendidas para el cumplimiento de los 10 objetivos estratégicos de gestión administrativa y jurisdiccional con el propósito de avanzar en la implementación y consolidación de los fines de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, bajo la austeridad y cero tolerancia a la corrupción.
También, enumera los avances logrados, entre otros en la instrumentación y operación de los Juzgados Especializados y el Tribunal de Alzada, pero también señala los diferentes retos que se deben enfrentar, entre ellos avanzar en convenios interinstitucionales para la especialización, capacitación y certificación de todos los operadores y en políticas públicas para que se haga efectiva la mínima intervención penal de los adolescentes.
